El sector energético español estuvo marcado hasta mediados de la década de los 90 por un control muy cerrado de la planificación y retribución de las inversiones por parte del Estado que limitaba la entrada de nuevos operadores e inversores. Hasta entonces, el mercado de generación eléctrica había estado ampliamente dominado por un reducido número de empresas españolas, y la mayoría de las inversiones (con alguna excepción, como puede ser la de Elcogas) estaban financiadas en el balance de las empresas eléctricas como parte de sus inversiones.
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