María del Carmen Macías García
El ingreso mínimo vital viene a completar uno de los mandatos constitucionales olvidado hasta ahora por el legislador que es la garantía de unos ingresos mínimos para paliar la vulnerabilidad económica y lucha contra la pobreza. Se pretende una redistribución de la riqueza, así como la inserción laboral de los posibles beneficiarios.
La norma es aprobada en el año 2020 en plena crisis sanitaria y económica derivada la pandemia provocada por la Covid-19. La aprobación de este decreto suscitaba muchas críticas por parte de la doctrina y de los posibles beneficiarios, muestra de ello es que ha sido objeto de hasta siete modificaciones en poco más de un año, lo que refleja la urgencia en su regulación y redacción como las dificultades en su gestión.
La nueva ley que lo regula se publicó el pasado 21 diciembre 2021 y viene a sustituir tácitamente al Real Decreto-ley incluyendo novedades que facilitan y agilizan su gestión.
The minimum vital income comes to complete one of the constitutional mandates forgotten until now by the legislator, which is the guarantee of a minimum income to alleviate economic vulnerability and fight against poverty. A redistribution of wealth is intended, as well as the labor insertion of the possible beneficiaries.
The norm is approved in 2020, in the midst of a health and economic crisis derived from the pandemic caused by Covid-19. The approval of this decree provoked much criticism from the doctrine and from the possible beneficiaries, an example of this is that it has been the subject of up to seven modifications in just over a year, which reflects the urgency in its regulation and drafting as the difficulties in its management.
The new law that regulates it was published on December 21, 2021 and tacitly replaces the Royal Decree-law, including new features that facilitate and speed up its management.
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