Inmaculada Llorente San Segundo
Si existe un contrato exponente del funcionamiento de las relaciones sociales y económicas y de la dificultad de mantener el equilibrio contractual entre las partes contratantes, ese es, sin duda, el contrato de arrendamiento. Por medio de este contrato se proporciona el acceso a la vivienda a una parte de la población (arrendamiento residencial), o el espacio físico necesario para el desarrollo de distintas actividades (arrendamientos para uso distinto de vivienda). La crisis causada por la COVID 19 ha dado lugar a una intensa actividad normativa centrada en el ámbito del arrendamiento de vivienda y de uso distinto a la vivienda, y diseñada especialmente para proteger a determinados sujetos, calificados como vulnerables, de las circunstancias derivadas de la paralización de la actividad económica. No obstante, las dificultades de aplicación de esta normativa, la exclusión de su ámbito de protección de algunos sujetos y, sobre todo, la prolongación de la crisis sanitaria, económica y social han puesto de relieve la necesidad de plantear soluciones que, más allá de despejar la incertidumbre provocada por la pandemia en el mercado de alquiler, establezcan mecanismos que permitan restablecer el equilibrio contractual en situaciones excepcionales como la actual.
If there is a contract that illustrates the functioning of social and economic relations and the difficulty of maintaining the contractual balance between the contracting parties, that is, without a doubt, the lease contract. Through this agreement, access to housing is provided to a part of the population (residential lease), or the physical space necessary for the development of different activities (leases for use other than housing). The crisis caused by COVID 19 has given rise to intense regulatory activity focused on the area of housing rental and non-housing use, and specially designed to protect certain subjects, classified as vulnerable, from the circumstances arising from the stoppage of economic activity. However, the difficulties in applying these regulations, the exclusion of some subjects from their scope of protection and, above all, the prolongation of the health, economic and social crisis have highlighted the need to propose solutions that, beyond clear the uncertainty caused by the pandemic in the rental market, establish mechanisms that will es Covid tablish the contractual balance in exceptional situations such as the current one.
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