Política minera y sostenibilidad ambiental en Ecuador

• Rea Toapanta, Antonio Ricardo ^[1]
  1. [1] Universidad Central del Ecuador

     Universidad Central del Ecuador

     Quito, Ecuador

     
• Localización: FIGEMPA: Investigación y Desarrollo, ISSN-e 2602-8484, Vol. 1, Nº. 2, 2017 (Ejemplar dedicado a: AIR), págs. 41-52
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Mining policy and environmental sustainability in Ecuador
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• Resumen
  • español

    En el Ecuador de hoy, históricamente, en las provincias de Manabí y Esmeraldas en la Costa; Azuay y Cañar en la Sierra, fueron las que más desarrollaron la minería. En las décadas de los 80s y 90s la Misión Británica realizó trabajos de investigación geológica en las cordilleras Oriental (Real) y Occidental, concluyendo con la publicación de mapas a diferentes escalas. Las competencias del Ministerio Sectorial son ejercer la rectoría de las políticas públicas del área geológico-minera, expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión; evaluar las políticas, planes y proyectos para el desarrollo del sector minero; definir en coordinación con la entidad rectora de la planificación nacional, el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero. La Ley de Minería, vigente desde enero de 2009, estableció una nueva institucionalidad, conformada por: Ministerio Sectorial (Ministerio de Recursos Naturales No Renovables), considerando La Minería Artesanal y La pequeña Minería. Para 2012, Ecuador inició actividades mineras a gran escala. El Gobierno ecuatoriano, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), definió cinco proyectos mineros estratégicos: Fruta del Norte, Mirador, Proyecto concesionado a la empresa lam Gold, Río Blanco y Panantza San Carlos. Previo a su explotación, los concesionarios de estos proyectos deben firmar con el Estado un contrato de explotación minera. El aspecto ambiental considera: Impacto directo o indirecto sobre el medio. Según sea el efecto; a corto o largo plazo. Sea reversible o irreversible. Los cinco proyectos, más el proyecto Llurimagua, ubicado en Imbabura, deberían atraer inversiones por cerca de USD 8000 millones hasta 2024, presentándose un optimismo de la industria minera, pero los desafíos están en mitigar los impactos ambientales y capacitar la mano de obra productiva.

  • English

    In today’s Ecuador, historically, in the provinces of Manabí and Esmeraldas on the Coast; Azuay and Cañar in the Sierra, were the most developed mining. In the decades of the 80s and 90s, the British Mission performed geological research in the Eastern (Real) and Western Ranges, concluding with the publication of maps at different scales. The competencies of the Sector Ministry are to exercise the rectory of the public policies of the geological-mining area, to issue the administrative agreements and resolutions that require their management; Evaluate policies, plans and projects for the development of the mining sector; Define, in coordination with the governing body of national planning, the National Development Plan for the Mining Sector. The Mining Law, in force since January 2009, established a new institutional structure, made up of: Sector Ministry (Ministry of Non-Renewable Natural Resources), considering Artisanal Mining and Small-scale Mining. For 2012, Ecuador initiated large-scale mining activities. The Ecuadorian Government, through the National Secretariat for Planning and Development (SENPLADES), defined five strategic mining projects: Fruta del Norte, Mirador, Project awarded to the company Gold Gold, Río Blanco and Panantza San Carlos. Prior to their exploitation, concessionaires of these projects must sign a mining contract with the State. The environmental aspect considers: Direct or indirect impact on the environment. Depending on the effect; Short or long term. Be reversible or irreversible. The five projects, plus the Llurimagua project, located in Imbabura, should attract investments of about USD 8 billion up to 2024, presenting optimism for the mining industry, but the challenges are in mitigating environmental impacts and training productive labor.