Las comunidades autónomas quieren reactivar la burbuja urbanística y firman un manifiesto para pedir ‘seguridad jurídica’. Las autoras del texto explican que este es un intento más, el tercero, de tumbar la Ley de Suelo y Rehabilitación para volver a impulsar el ladrillo y ‘legalizar’ construcciones condenadas por los tribunales, como el caso de Valdecañas.
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