Valor acreditativo de la menor edad que resulta de la documentación oficial expedida por las autoridades competentes. Las dudas de la Fiscalía sobre la fiabilidad de la edad que consta en la documentación oficial —que no ha sido invalidada, ni desacreditada por las autoridades que la expidieron, ni presenta indicios de manipulación— no pueden prevalecer frente a lo que resulta de la propia documentación.
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