El diseño de una reforma fiscal no puede realizarse desconociendo la realidad de una economía globalizada, por lo que debe tender a la eficiencia y competitividad.
También es necesario abordar un análisis previo a cualquier reforma. Los datos más actuales, que son los que se deben utilizar, nos demuestran que el diferencial de presión fiscal con la media de la UE es inexistente en la actualidad y que las diferencias, justificadas, están en el IRPF y en el IVA e Impuestos Especiales, no en la tributación empresarial.
En cuanto a la tributación empresarial, es superior a la media europea, no es necesaria una reforma al alza del Impuesto sobre Sociedades, por el contrario hay que potenciar la deducción en I+D+i.
La tributación del ahorro es superior también a la de los países de nuestro entorno, cualquier subida será muy perjudicial para el ahorro y la inversión, fundamentales para el crecimiento económico, además de tener alcance confiscatorio. Se debe permitir que las comunidades autónomas ejerzan plenamente su corresponsabilidad fiscal, dentro de la cual se encuentra la potestad de reducir la imposición patrimonial en sus territorios.
La fiscalidad medioambiental debe limitarse a corregir supuestos de externalidades y reconducir la conducta de los administrados hacia conductas menos contaminantes, no pueden tener un ánimo recaudatorio ni ser un pilar de la recaudación tributaria total.
Antes de acometer subidas de impuestos, que distorsionan la actividad económica, es necesario acometer una política de eficiencia del gasto público, gran asignatura pendiente de nuestro país, así como simplificar el sistema tributario y avanzar en la relación colaborativa con el contribuyente.
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