La anulación de los instrumentos de planeamiento produce efectos muy perjudiciales desde el momento en que se produce, por cuanto el desarrollo urbanístico a que se refieren ha podido estar comenzado o en avanzado estado de ejecución. La seguridad jurídica necesaria para Administraciones, operadores urbanísticos y ciudadanos exige una necesaria y pronta respuesta del legislador.
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