Anna Bajo Sanjuán, Ana Lucía Ortega Larrea, María Jesús Muñoz Torres, David Curbelo Pérez
Aunque el interés por la inversión responsable es anterior a la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es desde su aprobación en 2015 cuando el volumen de activos gestionados con criterios ambientales, sociales y de gobierno (ASG) ha vivido un auge significativo. Los planes de recuperación europeos tras la crisis provocada por el Covid-19 han supuesto, además, un revulsivo añadido para atraer y canalizar este tipo de inversiones.
El interés inversor por las empresas que se declaran más cuidadosas con las personas y con el medioambiente, además de con el modo en que toman sus decisiones, supone un importante impulso para que los negocios aceleren su transición a la sostenibilidad. Algunos autores consideran que los legisladores o los consumidores responsables son quienes tienen mayor capacidad para provocar un cambio de rumbo de calado en las organizaciones de manera que les fuerce a orientar su estrategia hacia la sostenibilidad. Otros, sin embargo, estiman que, aún reconociendo la importante contribución de otros stakeholders, son los inversores responsables quienes pueden hacer que este cambio se produzca de manera más rápida.
En todo caso, lo que es constatable es que el número de fondos de inversión que se autodenominan ESG sigue creciendo y el apoyo que consiguen de los inversores, también. Y ello a pesar de que diversos autores han destacado que el grado de transparencia en la gestión de activos de inversión es más bien escasa; tampoco parece que en la inversión sostenible esté suponiendo una excepción. A la falta de homogeneidad en los requisitos de información que los gestores pueden necesitar para adoptar sus decisiones se une la disparidad de criterios que también se aprecia en los reportes de las empresas. La reciente aprobación de la taxonomía europea todavía ha de demostrar si va a permitir reducir esta confusión generalizada en la información manejada por unos y otros.
El riesgo de no superar esta opacidad es que puede estar frenando el auge que todavía con más fuerza podría experimentar la inversión ESG. Es necesario aumentar la confianza de los inversores en los productos que han de conducir los fondos hacia un mayor impacto en la triple bottom line. La regulación suele ser uno de los factores que ayuda a eliminar las suspicacias posibles, pero en el campo de la inversión sostenible los avances están siendo muy limitados. Ni tan siquiera se encuentra actualmente regulada la denominación de un fondo ESG, una descripción que etiqueta el propio gestor del fondo o las agencias de investigación financiera, sin que esté muy claramente explicada la metodología que siguen para atribuirles tal nombre.
La presente investigación pretende analizar si los fondos que son denominados ESG por sus propios gestores -según se recoge en el portal de la agencia Morningstar- realizan realmente una inversión alineada con lo que declaran en su política de inversión. Por un lado, y mediante un análisis de contenido, se han identificado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que cada fondo podría contribuir de seguir lo comprometido en su folleto comercial. Por otro lado, se ha analizado la composición de sus carteras para analizar sobre qué ODS están contribuyendo las empresas a las que el gestor destina los fondos.
De este modo, mediante este análisis cruzado de los ODS que declaran los gestores a través de sus políticas y los que las empresas invertidas declaran en sus memorias e informes de sostenibilidad, se valora el nivel de coherencia aplicado por los gestores de este tipo de fondos de inversión.
Los resultados deben poder ayudar tanto a los gestores de las empresas como de los fondos a revisar los fundamentos de la información que manejan y a insistir en la necesaria coherencia que permita a los mercados funcionar de manera más eficiente.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados