Energía más allá del mercado: hacia un nuevo modelo energético.

• Autores: Susana Galera Rodrigo, Mercedes Ortiz García
• Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 214, 2022
• Idioma: español
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• Resumen

  • La transición energética es una estrategia política europea que acumula razones y autoridad como objetivo político potencialmente transformador del escenario socioeconómico europeo. Grosso modo, el sector energético planteaba a principios del milenio una doble necesidad: en primer lugar, la renovación de sus infraestructuras, casi centenarias, que habían de servir también a las nuevas formas de generación; y, en segundo lugar, su uso como instrumento de las políticas diseñadas al socaire de la actual emergencia climática, reduciendo los impactos antropogénicos en la atmósfera. Esta estrategia política debía discurrir en paralelo a otra anterior, más madura pero no completamente consolidada: la consolidación de un Mercado Único de la Energía en Europa, que se conecta con los procesos de liberalización de los antiguos monopolios públicos en determinados sectores —energía, telecomunicaciones o servicios postales, entre otros— iniciados en los años 90 del pasado siglo.

    Para afrontar estos retos se concretó, en 2011, una estrategia europea, la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, que perfiló dos objetivos de enorme ambición. En primer lugar, se pretendía el abandono progresivo de las energías de origen fósil y su sustitución por fuentes de energía renovable y, en paralelo, la intensificación del ahorro energético —“la energía más limpia es la que no se demanda—. El segundo objetivo (quizás más ambicioso aún) pretendía desarrollar un modelo energético alternativo, descentralizado y limpio, con generación de proximidad y gestión digitalizada, en el que aparecen nuevos actores:

    el consumidor activo que genera su propia energía, individual y colectivamente; el agregador; el almacenamiento; los propios edificios y manzanas; o los gestores de nuevos servicios de climatización colectiva. De esta forma, los retos enfrentados se convertirían en una gran oportunidad de renovación socioeconómica, al movilizar una importantísima inversión (pública y privada) y actualizar y modernizar las redes energéticas, pero también el perfil de empleos de calidad, de las nuevas profesiones y de las pymes, abundando en la digitalización de estas nuevas actividades y servicios económicos.

    Esta estrategia se reflejó en las correspondientes reformas normativas y tuvo continuidad en estrategias sucesivas —Paquete de Invierno de 2016, Pacto Verde de 2019, Objetivo 55 de 2021 y RePower de 2022— que confirman en lo esencial la Estrategia de 2011 reforzando sus objetivos y actualizando sus instrumentos.

    Más de diez años después de su concreción (un cuarto de su progreso en términos cronológicos), la transición es un hecho perceptible en términos generales, aunque se está desarrollando con notable asimetría en relación con los objetivos que persigue: las medidas que apuntan a la descarbonización y el despliegue de renovables se están implantando a muy buen ritmo, lo que contrasta con la lentitud y poca visibilidad de las que persiguen un nuevo modelo energético.

    A día de hoy, la transición energética está beneficiando al conjunto de la sociedad en términos ambientales y a través de los beneficios que ha generado en términos de renovación, digitalización y nuevas áreas de negocio para las grandes empresas del sector: estos beneficios también revierten en la sociedad en términos ambientales, de empleo y de innovación, pero no hacen avanzar (ni tienen por qué) el cambio de modelo energético que tendría que estar discurriendo en paralelo. Este último proceso es más complejo, pues requiere políticas públicas en varios ámbitos, conformadoras de conciencia y movilización ciudadanas sobre las posibilidades que la tecnología pone a su alcance para la generación y gestión de la energía que consume, proveedoras de un marco jurídico ad hoc, sistemático y suficiente.

    En nuestro país esto se plantea como un reto enorme, pues las intervenciones necesarias involucran no pocas políticas públicas y normativa —energética, territorial, industrial, local, civil, educativa, etc.—, lo que requiere de una coordinación política y administrativa sin fisuras previa a la toma de decisiones, un aspecto no bien resuelto ni gestionado en nuestra cultura de lo público.

    Otra cuestión pendiente, que viene esperando soluciones desde hace ya demasiado tiempo, es la necesaria compensación, quizás bajo el amparo de la transición justa, a quienes, en los primeros momentos de este proceso —cuando las políticas de apoyo no estaban aún bien definidas—, apostaron por él, siendo perjudicados por los vaivenes regulatorios. En este documento les denominamos los “pioneros”: aquellos pequeños inversores que no han podido acceder a compensaciones establecidas por tribunales arbitrales o por la diversificación de los riesgos asociada a voluminosas carteras de negocio.

    Este documento de trabajo se centra en el camino recorrido, político y normativo, en los años que han discurrido desde la formulación de la Estrategia de 2011, atendiendo a los aspectos que consideramos más determinantes. Dado que se trata de un proceso con objetivos a 2050, es sin duda esperable que las acciones y normativas establecidas a día de hoy se revisen, bien de forma programada, según lo previsto, bien a tenor de acontecimientos externos no previstos.

    Entre estos últimos, resulta obligada la referencia al terrible conflicto derivado de la invasión de Ucrania, cuyo alcance y consecuencias son imprevisibles. Sin embargo, a pocos meses desde su inicio —y al margen de su triste dimensión humanitaria—, ya se percibe su influencia en la cuestión que aquí se trata, intensificando la fragilidad del sistema de suministro energético en Europa y revitalizando los objetivos de seguridad energética en los que la Unión Europea viene insistiendo desde los años 70 del pasado siglo.

    El avance hacia un modelo energético con el ciudadano en el centro, limpio y de proximidad, cobra en este contexto la máxima significación y urgencia; un modelo central que se complementa con plantas renovables medianas y grandes, cuyo despliegue en el territorio ha de ser planificado y consensuado. El conflicto también manifiesta que no caben “atajos” que incidan en los mismos problemas que nos han traído hasta aquí:

    resulta tan aterrador observar cómo la gestión de grande centrales nucleares en Europa queda al socaire de los vaivenes imprevisibles de un conflicto armado, como incomprensible que se considere seriamente una vuelta sistemática a la generación de carbón, ignorando las alarmas contundentes de la comunidad científica, en particular las últimas contribuciones del IPCC (Pörtner et al., 2022). El futuro es renovable y no tiene vuelta atrás.