El Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia publicado el pasado 22 de abril por el Boletín Oficial de las Cortes Generales presenta en su articulado una ambiciosa revisión y reforma de la regulación vigente de la subasta judicial electrónica contemplada actualmente en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. De forma paralela a la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa de incuestionable trascendencia, es el momento de que el procesalismo civil se interrogue sobre el estado de salud y las opciones de mejora para el mecanismo de realización ejecutiva más habitual en la práctica de los juzgados.
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