La inmigración en España hoy: reflexiones más allá de la pandemia.

• Autores: Gemma Pinyol-Jiménez, Marta Pérez Ramírez
• Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 213, 2022
• Idioma: español
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• Resumen

  • En las últimas décadas, España ha ido consolidando una política de inmigración que se sustenta en la regulación de la entrada de flujos migratorios por razones económicas, el impulso de instrumentos para el control de fronteras, el desarrollo de un sistema de acogida para personas en necesidad de protección internacional y el refuerzo de medidas para favorecer la integración e inclusión de las personas extranjeras no comunitarias. Pero lo cierto es que estas líneas estratégicas no se han desarrollado de modo uniforme en los últimos años, lo cual dibuja una política migratoria particular, cuyas luces y sombras quieren recogerse en este documento de trabajo.

    Nadie puede negar hoy que España es un “país de inmigración”, inmerso en un segundo ciclo migratorio que se inició en 2018. Tampoco que la cuestión migratoria ha vuelto a resurgir en los últimos años como un tema de debate en la agenda pública y política del país. Pero no es menos cierto que las cuestiones relacionadas específicamente con la gobernanza migratoria siguen estando ausentes en los debates públicos y que, en pleno cambio del escenario internacional, se hace necesario preguntarse hasta qué punto los instrumentos existentes están preparados para afrontar los retos de una nueva década de movilidad en España.

    La aprobación de la nueva agenda europea en materia de inmigración y asilo, los impactos de la pandemia de la COVID-19 o la puesta en marcha, por primera vez, de la directiva de protección temporal para dar respuesta a la llegada de personas de Ucrania son cuestiones clave que han afectado a la movilidad y que han requerido —y requieren— de una reformulación de la gobernanza migratoria en España. A lo largo del documento, se analizan estas cuestiones y se reflexiona sobre su impacto en las políticas de inmigración, de asilo y de integración e inclusión en España.

    • La pandemia de la COVID-19 supuso, en 2020 y 2021, un freno a la tendencia expansiva de llegada de personas extranjeras en España. La disminución de la movilidad se revertirá, previsiblemente, en durante el 2022 y será una buena muestra para valorar la capacidad de atracción del país.

    • A pesar del impacto de la COVID-19, se han incrementado las llegadas irregulares en la frontera sur y las islas Canarias. Este hecho plantea dos cuestiones clave: por un lado, la importancia de Marruecos en la cogestión de los flujos migratorios de carácter irregular que llegan a España. Por el otro, la necesidad de responder a este fenómeno estructural con respuestas que ya no pueden ser coyunturales.

    • En estos últimos años se han buscado soluciones a cuestiones ya identificadas y a situaciones no previstas. En este sentido, ante la COVID-19, se ha desarrollado un amplio abanico de instrumentos migratorios para dar respuesta a esta crisis excepcional e intentar evitar, en la medida de lo posible, la irregularidad sobrevenida en la población extranjera. No obstante, en cualquier caso, también se ha evidenciado que los instrumentos de gobernanza migratoria adolecen, en general, de la revisión estructural e integral que se había planteado al inicio de la legislatura. Parece perentorio que se replantee el paradigma de la política migratoria en España, para dotarla de más y mejores instrumentos, más allá del control fronterizo.

    • La política migratoria española debe superar su fijación con el control de fronteras.

    También es imprescindible que España sea capaz de transmitir a sus socios europeos que la gestión migratoria va más allá de este. De no hacerlo, el papel que les queda reservado a los países con fronteras exteriores es de difícil gestión y peor explicación.

    Las propuestas del nuevo Pacto de Migración y Asilo pivotan en el papel clave de los Estados miembros con fronteras exteriores. En este sentido, parece imprescindible que el sur europeo (y tal vez ahora también el este) continúe reivindicando una gestión más solidaria y garantista de las fronteras exteriores de la UE. En este contexto, España podría dotarse de mayor voz y liderazgo.

    • Cabe señalar la necesidad de mejorar la cooperación multinivel en materia migratoria.

    La falta de un diálogo estructurado y permanente, a nivel político y técnico entre distintas Administraciones es una de las principales debilidades del sistema de gobernanza migratorio español. Aunque el diálogo bilateral es importante, la cuestión migratoria requiere de espacios estructurales de cooperación entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos para evitar, entro otras consideraciones, que este tema también se convierta en un espacio de confrontación política.

    • La pandemia ha puesto sobre la mesa cuestiones que no son nuevas, pero que se han hecho más evidentes, también relacionadas con el fenómeno migratorio. Así, los impactos de la COVID-19 han evidenciado (y profundizado) la situación de desigualdad a la que se enfrentan muchas personas migrantes. Estos impactos han sido mayores entre las personas migrantes y aquellas particularmente vulnerables, incrementando su inseguridad, precariedad e incluso explotación laboral y sexual. Además, la COVID-19 también ha impactado en algunos sectores con alta participación de personas extranjeras, como es el caso del sector agrario y el del hogar.

    • La llegada de personas refugiadas procedentes de Ucrania ha demostrado que, en cuestiones de acogida de personas con necesidad de protección internacional, las cosas pueden hacerse de forma distinta (y mejor) si existe voluntad política. Eso no quita que el sistema español de acogida esté colapsado y no tenga la flexibilidad suficiente para adecuarse a los retos existentes. España es hoy uno de los países de la UE que mayor número de solicitudes de asilo reciben. La revisión del sistema es una asignatura pendiente de carácter urgente y que pasa, de forma perentoria, por incorporar la participación de las comunidades autónomas en la gestión de la acogida.

    • Otra cuestión que no debería retrasarse más es la construcción de un discurso público fuerte sobre inclusión e integración, acompañado de instrumentos específicos que lo consoliden. Eso requiere de reforzar la lucha contra los discursos de odio y los delitos afines desde una perspectiva integral. También supone mejorar la colaboración multinivel en acciones y actuaciones de integración e inclusión. Evidentemente, cualquier discurso público sobre inclusión debe ir acompañado de políticas públicas encaminadas a la reducción de las desigualdades.

    En este documento, por tanto, se plantea la necesidad de actualizar la gobernanza migratoria en España, para revisar y crear instrumentos que sirvan para contextos cambiantes. Para ello, se requiere una política que levante la mirada de la frontera y apueste por mejorar la colaboración multinivel, así como que, a la vez, repiense el actual sistema de acogida humanitaria y de protección internacional. Una buena gestión migratoria es imprescindible para desmontar discursos de odio y favorecer una mejor convivencia democrática.