Las entidades del Sector Público están abocadas a implantar en su seno unos canales de denuncia interna que permitan a sus empleados alertar o informar de las conductas o prácticas irregulares de que tengan conocimiento en el contexto de su relación laboral. Recientemente el Ministerio de Justicia ha hecho público el borrador de anteproyecto de ley para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, norma que establece los contornos mínimos de la regulación en el marco de la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. En este contexto, las Administraciones públicas deben ser conscientes del alcance de esta exigencia y estar preparadas para llevarla a efecto con plenas garantías.
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