Algunos Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país han venido poniendo problemas y anulando decisiones adoptadas en arbitrajes, por considerarlas contrarias al «Orden Público». Según la Ley de Arbitraje, es causa de anulación del Laudo Arbitral el que éste sea contrario al «Orden Público». Estos tribunales han usado el concepto de «Orden Público», para inmiscuirse en los razonamientos de los laudos arbitrales, anulándolos, por considerarlos contrarios al «Orden Público» español.
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