Madrid, España
La adopción del criterio del vencimiento en la jurisdicción contencioso-administrativa no genera una práctica uniforme entre los juzgados y tribunales, ni parece afectar del mismo modo a los distintos tipos de recurrentes. La potestad del órgano jurisdiccional de apreciar la concurrencia de causas para justificar la no imposición de las costas procesales en los casos de vencimiento impide también la previsibilidad en su aplicación.
Los resultados de un análisis empírico sobre 2.697 sentencias de 2021 apuntan a que la imposición de la condena en costas no es uniforme entre instancias y recurrentes. En términos generales, la imposición de las costas se produce en un 54% de los casos de estimación o desestimación total del recurso si bien la frecuencia varía en función del tipo de recurrente y la instancia. Mientras que en el caso de los particulares el riesgo de condena de costas se incrementa al acceder a instancias superiores, la frecuencia de los pronunciamientos sobre costas disminuye en las sucesivas instancias cuando la Administración es la parte recurrente. También, la decisión de limitar la cuantía de las costas resulta más frecuente en sede de recurso.
La diversidad en la aplicación del sistema de costas también se aprecia respecto a los distintos sectores de la actividad administrativa impugnada. En el caso de los recurrentes-personas físicas los mayores riesgos de imposición de costas se producen en los supuestos del proceso especial en defensa de los derechos fundamentales y en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Respecto a las personas jurídicas, el mayor riesgo de condena en costas se produce en los sectores de contratación y tributos mientras que cuando es la Administración la parte recurrente la mayor frecuencia de la imposición de costas se genera en las materias de empleo público, tributos y transparencia. Los datos anteriores evidencian que la heterogeneidad de supuestos en los que se acuerda la condena en costas resta previsibilidad a su imposición y relativiza así el cálculo del riesgo que puede realizar el recurrente. Sin embargo, esta heterogeneidad permite también localizar en qué sectores y en qué escenarios hay una mayor probabilidad de condena en costas y así, obtener indicadores para evaluar el funcionamiento de la Administración.
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