Por varias razones, una política social redistributiva siempre ha desempeñado un papel menor en la Unión Europea. Básicamente, la única política social europea distintiva consiste en proteger al consumidor y defender a los individuos contra cualquier forma de discriminación por origen nacional o género. Semejante protección social es un ejemplo importante de integración “negativa”. En cambio, el cumplimiento de los derechos sociales positivos requeriría un presupuesto mucho más amplio y una armonización de arriba hacia abajo, la cual es irrealizable en las circunstancias actuales. Con cada nueva ampliación de la Unión Europea cambia el cálculo de los costos y beneficios de la armonización de políticas. Así, los límites más importantes a la integración regional profunda son sociales, más que económicos o políticos.
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