Resumen de La relación de la Corte Penal Internacional con el proceso de paz en Colombia
- español
La Corte Penal Internacional (CPI, en adelante) adoptada el 17 de julio de 1998, con sede en La Haya (Holanda), es un tribunal permanente, con vocación universal, de carácter complementario respecto de las jurisdicciones nacionales, fue creada en respuesta a los genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y recientemente, crímenes de agresión, cometidos durante el siglo xx, para que tales crímenes no queden sin castigo, a efectos de poner fin a la impunidad. La CPI tiene jurisdicción desde el 1.º de noviembre de 2002, para conocer de los demás crímenes contemplados en el Estatuto de Roma presuntamente cometidos en Colombia o por colombianos, a saber, genocidio y crímenes de lesa humanidad, para tal, y teniendo en cuenta que ciertas disposiciones del Estatuto eran diferentes a las de tradición jurídica nacional, fue necesario primero reformar la Constitución Política, más específicamente mediante el Acto Legislativo 02 de 2001, que adicionó el artículo 93 de la Norma Superior. En este trabajo abordaremos la posición de Colombia frente a tales atrocidades y el papel que desempeña la CPI con la Jurisdicción Especial para la Paz, frente a la justicia transicional en Colombia.
- English
The International Criminal Court (ICC, hereinafter) adopted on July 17, 1998, based in The Hague, The Netherlands, is a permanent court, with a universal vocation, of a complementary nature with respect to national jurisdictions, was created in response to genocides, crimes against humanity and war crimes, and recently, crimes of aggression, committed during the twentieth century, so that such crimes do not go unpunished, in order to end impunity. The ICC has jurisdiction since November 1, 2002, to hear of the other crimes contemplated in the ER allegedly committed in Colombia or by Colombians, namely genocide and crimes against humanity, for such, and taking into account, that certain ER provisions were different from those of national legal tradition, they should first reform the Political Constitution, more specifically, the “legislative act” 02 of 2001, which added article 93 of the Superior Standard. In this paper we will address Colombia’s position in the face of such atrocities and the role that the ICC plays with the Special Jurisdiction for Peace, in the face of transitional Justice in Colombia.
