Gracias a la lenta pero decisiva evolución de la jurisprudencia del Consejo Constitucional combinada con la del Consejo de Estado, el derecho del medioambiente es un derecho que debe "tomarse en serio", incluso en los sectores económicos más propensos a lobbying. Es parte de esta seriedad, su creciente conexión con el derecho a la salud (en su dimensión pública), según una visión holística global que la pandemia contribuyó a legitimar. Las dos decisiones del Consejo Constitucional aquí comentadas ilustran esta mutación de un derecho que ahora está en el centro de las preocupaciones de los jueces, así como de las políticas públicas, como en este caso en el ámbito de la regulación de los productos fitosanitarios.
Thanks to the slow but decisive evolution of the jurisprudence of the Constitutional Council combined with that of the Council of State, environmental law is a branch of law to be “seriously taken”, even in the economic sectors most vulnerable to lobbying. Part of this seriousness is due to its growing connection with the right to health (in its public dimension), according to a global holistic vision that the pandemic helped to legitimise. The two decisions of the Constitutional Council discussed here illustrate the mutation of a right that is now at the heart of judges’ concerns as well as of public policies, for example in the field of the regulation of plant protection products, which is the case discussed here.
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