El aumento de la inseguridad ciudadana, con un incremento y una especialización en los delitos, genera la obligación, por parte de las instituciones públicas y privadas, de dar respuesta, de manera ágil, eficaz, efectiva y económica, a mecanismos de coordinación eficientes, donde se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos, y donde se optimicen los recursos disponibles, mejorando la calidad y respuesta del sistema policial
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