La política autonómica de patrimonio cultural surge en el contexto de la tradición burocrática preexistente, con una dimensión sustantiva propia que implica una proyección autónoma o separada del medio social. El diseño de la acción se analiza a partir de la evolución del discurso, la orquestación de procesos participativos con la red afectada (integrando a usuarios y expertos), para terminar con los cambios operados en la organización pública. Su evaluación final vendrá condicionada por el debate entre la conservación frente a la "valorización" social de los recursos culturales
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