El acuerdo sobre la aplicación del resultado, en donde la junta general decide si repartir o atesorar los beneficios generados por la actividad empresarial, es un foco de conflictos en sociedades cerradas cuyos socios se encuentran en un notorio enfrentamiento. Este es uno de los escenarios típicos donde los socios mayoritarios abusan de la minoría, llevando a cabo el atesoramiento sistemático de los beneficios. Mientras que los socios mayoritarios participan en las ganancias sociales por ser empleados o administradores con el cargo retribuido, los socios minoritarios únicamente pueden hacerlo vía distribución de dividendos, de manera que se les corta toda vía de obtener rentabilidad por su participación en la sociedad. Por este motivo, el legislador, en la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, amplió las causas que permiten impugnar acuerdos sociales, introduciendo como nueva causa de impugnación, los acuerdos abusivos (art. 204.1 II LSC). El problema que se genera en estos casos es el de determinar cuáles son los efectos de la estimación de una demanda de impugnación de un acuerdo por el cual se decide no repartir beneficios, pues la Ley de Sociedades de Capital no regula nada al respecto. En este sentido, son diversos los pronunciamientos judiciales en la materia, siendo el propósito de este trabajo hacer un análisis crítico de los mismos, así como una propuesta para solucionar el citado problema.
The resolution on the distribution of profits, in which the general meeting decides whether to distribute or hoard the profits generated by the company's activities, is a source of conflict in closed companies whose shareholders are in notorious conflict. This is one of the typical scenarios where majority shareholders abuse the minority by systematically hoarding profits. While the majority shareholders share in the company's profits because they are employees or directors with a paid position, the minority shareholders can only do so via dividend distributions, so that they are cut off from any possibility of earning a return on their shareholding in the company. For this reason, the legislator, in the reform carried out by Law 31/2014, of 3 December, extended the causes that allow corporate resolutions to be challenged, introducing abusive resolutions as a new cause of challenge (art. 204.1 II LSC). The problem that arises in these cases is to determine the effects of upholding a claim to challenge a resolution whereby it is decided not to distribute profits, as the Capital Companies Act does not regulate anything in this respect. In this regard, there are several judicial pronouncements on the matter, and the purpose of this paper is to make a critical analysis of them, as well as a proposal to solve the aforementioned problem.
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