Actuación de los operadores de justicia en la aplicación de los Principios Procesales en los Procesos

• Zapata-Coronado, Jamil Teodoro ^[1] ; Quiñonez-Orejuela, Cinthia Alexandra ^[1] ; Ramón-Merchán, Mónica Eloiza ^[1]
  1. [1] Universidad Tecnica de Machala

     Universidad Tecnica de Machala

     Machala, Ecuador

     
• Localización: Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional, ISSN-e 2550-682X, Vol. 7, Nº. 1, 2022
• Idioma: español
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• Resumen

  • La dinámica sociopolítica nos demuestra la importancia de los modelos de control constitucional, ante las presiones entre los poderes públicos, la actuación de las cortes de justicia y la administración pública sobre los ciudadanos. La función judicial, se erige como salvaguarda de los principios y normas que persiguen la realización de una justicia efectiva con total independencia de los poderes del Estado, más aún cuando el mandato constitucional  evidencia que las y los ciudadanos son titulares de derechos y que se podrán ejercer, promover en forma individual y colectiva, establecidas en base de igualdad, y no discriminación alguna, garantizándose de esta forma que en el sistema procesal los derechos de los titulares van a ser materializados en todas las materias, instancias, fases, y diligencias. Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se empleó el tipo de investigación descriptiva, cualitativa, y documental complementado con fuentes bibliográficas, normativas.   Los administradores de justicia a fin de garantizar los derechos de sus titulares aplicaran los preceptos constitucionales,  sin olvidar las normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que son de estricta observancia dentro de los términos que evidentemente prevé la norma en ciertos casos y en aquellos que no están determinados y que deben ser señalados por el juzgador, con total sujeción a los principios y garantías que rigen para el ejercicio de la Función Judicial. Su no correcta aplicación o errónea interpretación, y la falta de la debida diligencia en su actuar conllevan a un menoscabo y vulneración de los derechos de los titulares. En este contexto, la Constitución del 2008  determina  los límites y define las relaciones entre las funciones del Estado. Posee el carácter de norma suprema, y por  tanto, su cumplimiento ha de estar garantizado por el ordenamiento jurídico en su funcionamiento cotidiano.