Gira este caso sobre la distinta problemática que se plantea en un procedimiento de subvenciones empezando por la competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma para la tramitación del procedimiento y gestión de los fondos y la posible conculcación de los principios de igualdad y no discriminación al preverse, exclusivamente, para los titulares de inmuebles rústicos de una determinada Comunidad Autónoma. A continuación se plantean diversas cuestiones jurídicas sobre recursos presentados contra las Bases y la Convocatoria; las circunstancias concurrentes en diversas solicitudes de participación; la delegación para la resolución del procedimiento tras el informe preceptivo de un órgano consultivo y el ajuste a derecho de la resolución y su notificación y publicación, de la subcontratación realizada por un beneficiario a un tercero sin comunicación al órgano competente y la revisión de oficio respecto a la concesión a un beneficiario que falsificó un documento esencial.
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