La primera gran desamortización española del siglo XIX, acaecida en 1836 y debida a Juan Álvarez Mendizábal, tuvo claras repercusiones en el patrimonio cultural español, pues, por ejemplo, muchos edificios de propiedad eclesiástica quedaron en situación de semiabandono.
Sin embargo, ante el creciente interés que estaban tomando las antigüedades, se crearon en 1844 las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y la Comisión Central, que a su vez fueron el germen de los futuros Museos Provinciales. Frente a este panorama, en el ámbito canario la situación fue bien distinta, pues si bien es cierto que la desamortización afectó al patrimonio eclesiástico, no fue este el caso del patrimonio arqueológico.
En el presente trabajo analizaremos precisamente la peculiaridad del caso canario, las instituciones relacionadas con el control y gestión de los bienes arqueológicos, las primeras iniciativas encaminadas a su protección y la legislación relativa al tema.
The first major Spanish Confiscation of the nineteenth century occurred in 1836, and due to Juan Álvarez Mendizábal, had a clear impact on the Spanish cultural heritage, as many buildings belonging to the Catholic church entered in a state of semi-abandonment.
However, given the growing interest in antiques, in 1844 were established the Provincial Commissions of Monuments and the Central Committee, which in turn were the seeds of the future provincial museums. Opposite to this background, the situation in the Canary Islands was quite different, because if it is true that the Confiscations affected the ecclesiastical heritage, but this was not the case of archaeological heritage. In this paper we analyze precisely the peculiarity of the Canarian case, the institutions related to the control and management of archaeological heritage, and the first initiatives which aimed their protection and legislation.
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