En este caso se plantea la situación de un ciudadano ecuatoriano que tenía una autorización inicial de residencia y trabajo temporal en España pero que, antes de su extinción temporal, es condenado por un delito de robo, acordándose, entonces, la extinción de aquella. Con ocasión de que, posteriormente, el letrado de la Administración de Justicia emitió un certificado señalando que el condenado había pagado la multa impuesta con carácter sustitutivo y que, por ello, quedaba exento de responsabilidad penal, el interesado solicita, de nuevo, renovación de su autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia por el periodo legal de dos años.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados