El trabajo sexual lleva años siendo perseguido y criminalizado en el Estado español: empezó con las ordenanzas municipales y la Ley mordaza, normativas que afectaron a las trabajadoras sexuales de calle, empujándolas a captar clientes en lugares más peligrosos y disminuyendo su clientela. Estas circunstancias mermaron su poder de negociación acerca de qué prácticas se llevarían a cabo durante el servicio, aumentando así el riesgo de que se dieran prácticas sin profilaxis. Esta persecución continuó por parte de ayuntamientos como el de Sevilla, los cuales instaban a los vecinos para que denunciasen los pisos donde se ejerce la prostitución.
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