Derecho de la ciberseguridad de las infraestructuras críticas: más allá de la perspectiva penalista

• Autores: Eduardo Fernández García
• Localización: Revista jurídica de Castilla y León, ISSN 1696-6759, Nº. 56, 2022, págs. 109-141
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Cybersecurity Law of critical infrastructures: beyond the criminal perspective
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    En los últimos años se han multiplicado los ciberdelitos como consecuencia de la ampliación del ciberespacio. La hiperconectividad de la sociedad española es el nuevo contexto al que acomodar el paradigma de la seguridad integral. A tan volátil escenario se han adaptado las empresas de sectores esenciales, proceso al que no ha sido ajena la realidad empresarial de Castilla y León, con un número notable de infraestructuras críticas. Sin embargo, la perspectiva penalista adoptada por el legislador en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal tal vez no sea suficiente para el inmediato futuro ante la multiplicidad de procedimientos técnicos de comisión de los ciberataques, que afectan a la autoría, dificultando los mecanismos de imputación. Se aboga por una perspectiva más interdisciplinar para acometer las reformas de lege ferenda necesarias en atención a los servicios más que a la integridad física

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    Cybercrime has been multiplied in recent years due to the expansion of cyberspace. The hyperconnectivity of Spanish society is the new context in order to accommodate the paradigm of comprehensive security. Companies in essential sectors have adapted themselves to such a volatile scenario, a process in which Castilla y León has not been oblivious, with a notable number of critical infrastructures. However, the criminal perspective adopted by the legislator in Organic Law 1/2015 of March 30th, amending the Penal Code, may not be enough for the immediate future given the multiplicity of technical procedures for commissioning cyber-attacks, which affect criminal responsibility. A more interdisciplinary perspective is required to undertake the necessary lege ferenda reforms in attention to services rather than physical integrity