Los movimientos indígenas vienen planteando de una manera creciente el reconocimiento, vigencia y privilegio de un derecho propio que regule la vida social indígena. Este reclamo es un medio para oponerse aun orden normativo que no reconoce la diversidad y que penaliza las prácticas que la constituyen y se funda en la idea de que el derecho es una pieza claveen la estrategia del Estado para disolver las particularidades de los pueblos y asegurar las condiciones que hacen posible el ejercicio de la hegemonía. Aunque la razón es secular, la formulación de esta reivindicación es relativamente nueva y se correspon-de con el momento más alto del desarrollo de las plata-formas de lucha de los movimientos étnico-nacionales.También ocurre —y esto no es casual— cuando los modelos de dominación interna e internacional experimentan una aguda crisis y el papel regulador del Estado —y del derecho— son puestos en cuestión
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