Resumen de La función de la exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal y sus consecuencias:: un estudio comparado

Carlos Correa Robles

• español

  El presente trabajo busca presentar y analizar críticamente las distintas posiciones entregadas por la doctrina y jurisprudencia estadounidense, alemana y chilena respecto de la función que cumple la sanción procesal de la prueba ilícita en el proceso penal. En el sistema chileno, el análisis de problemas tales como la prueba ilícita fuera de la etapa intermedia, el reconocimiento de la excepción de buena fe, la exclusión de prueba ilícitamente obtenida por particulares, o el tratamiento de la prueba ilícita exculpatoria, entre otros temas, dependerán necesariamente de la concepción que se tenga de la exclusión de prueba por ilicitud, y más concretamente, de los destinatarios de esta sanción procesal. Al respecto, el autor concluye que la prueba ilícita no busca resguardar la correcta averiguación de la verdad, no desempeña una función de disuasión policial, ni tampoco despliega un componente ético, sino que su objetivo directo es conferir protección a las garantías constitucionales lesionadas con motivo de la obtención de material probatorio.

• English

  This study describes and critically analyzes the different positions about the role of procedural sanctioning of illicit evidence in criminal proceedings argued by the American, German, and Chilean legal theories and case law. In the Chilean system, the analysis of unlawful evidence outside the preliminary hearing, the recognition of the good faith exception, the exclusionary rule for evidence obtained by individuals, or dealing with exculpatory unlawful evidence, among other issues, will necessarily depend on the concept exclusion of evidence we have. More specifically, who we consider subject to this procedural sanction. The author concludes that unlawful evidence neither seeks to protect the correct ascertainment of the truth, nor has a deterrence effect, nor has an ethical component. It seeks directly to protect the constitutional guarantees violated when obtaining evidence.