Resumen de Segunda frustración de las víctimas del conflicto colombiano buscando justicia

Mauricio E. Beltrán Cristancho

• español

  Para mediados de 2020 la Justicia Especial para la Paz, el régimen de justicia transicional pactado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia en el 2016, tenía decidido dictar su primera sentencia sobre los secuestros cometidos por este grupo. Esto se frustró porque se convirtió en un escándalo al que los exlíderes guerrilleros negaran desde el 2019 los detalles de este crimen, adujeran que los mismos habían sido retenciones y que, además, no había existido reclutamiento de menores. El mismo patrón de no reconocer su responsabilidad fue usado por generales del ejército con respecto a los “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales de personas presentadas como producto de un combate). El hecho de que la JEP no procediera a abrir los incidentes de incumplimiento tal como se había pactado, pasados dos años desde rendidas estas versiones, ha afectado a su credibilidad. Mientras que nuevos ejércitos irregulares están tomando el control de diferentes zonas del país dominadas antes por las FARC, las víctimas reclaman a la JEP que aplique el régimen previsto para quienes violen el compromiso de contar la verdad completa, exhaustiva y detallada a cambio de no tener pena de cárcel. Desde una perspectiva socio-jurídica, se indaga sobre las razones por las que la JEP adoptó una estrategia “dialógica” en contravía del Acto Legislativo 01 de 2017, mediante el cual, ese compromiso se elevó a rango constitucional y por qué se niega a atender el reclamo legítimo de las víctimas.

• English

  By mid-2020, the Special Justice for Peace, the transitional justice regime agreed between the FARC guerrillas and the Colombian government in 2016, had budgeted to dictate its first sentence on the kidnappings committed by this group. This was frustrated because it became a scandal to which the former guerrilla leaders denied the details of this crime since 2019, claiming that they had been withholdings and that there had also been no recruitment of minors. The same pattern of not acknowledging their responsibility was used by army generals with regard to “false positives” (extrajudicial executions of people presented as the product of combat). The fact that the JEP did not proceed to open the incidents of non-compliance as agreed, two years after these versions had been rendered, has affected its credibility. While new irregular armies are taking control of different areas of the country previously dominated by the FARC, the victims demand that the JEP apply the regime envisaged for those who violate the commitment to tell the complete, exhaustive and detailed truth in exchange for not having the penalty of jail. From a socio-legal perspective, it investigates the reasons why the JEP adopted a “dialogic” strategy in contravention of Legislative Act 01 of 2017, through which this commitment was raised to constitutional rank and why it refuses to attend the legitimate claim of the victims.