En los tiempos sombríos que sufre El Salvador, la fuerza bruta estatal pesa sobre cualquier razonamiento o interpretación constitucional. Con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa provocó una profunda crisis institucional, aniquiló el carácter republicano del gobierno, violentó la independencia judicial y quebrantó el Estado de derecho.
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