El Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control de la pandemia en el archipiélago. La negativa a someterse a pruebas diagnósticas impedirá desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicione su realización y lo mismo se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación.
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