Por medio de la Ley 27304, el Congreso de la Nación Argentina sancionó un nuevo instituto de delación premiada aplicable a un amplio catálogo de delitos, en el cual el imputado arrepentido recibe el beneficio de reducción de las escalas penales a cambio de brindar información incriminante contra terceros.
En el presente artículo se analizan críticamente las objeciones a la constitucionalidad de esta ley del “arrepentido” formuladas tanto por la doctrina como en la jurisprudencia, que fueron fundadas en tres postulados constitucionales: la garantía contra la autoincriminación forzada, el principio de igualdad ante la ley y la garantía contra la aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa.
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