Valencia, España
Los activistas han jugado un papel crucial y a menudo controvertido en la defensa del medioam- biente y la biodiversidad: emprendiendo «acciones directas» para frenar la destrucción del pla- neta, empoderando a otros para que resistan frente a los intereses que se encuentran tras esta des- trucción, y exponiendo públicamente a los gobiernos e industrias responsables. En persecución de estos fines, algunos grupos ecologistas nacidos a partir de los años 70 comenzaron a recurrir a tácticas ilegales, fundamentalmente desobediencia civil y delitos contra la propiedad, causando pérdidas millonarias a las industrias. En 1983, el establishment contraatacó catalogando a estos ac- tivistas como «eco-terroristas». La persecución judicial del «eco-terrorismo» alcanzó su punto álgido en los albores del siglo XXI, tras lo cual se disipó, hasta prácticamente desaparecer. Sin em- bargo, en los últimos tiempos, el término ha vuelto a repuntar: cada vez con más frecuencia, las leyes antiterroristas y de seguridad nacional se están empleando para intimidar y silenciar a los defensores ambientales, entre ellos campesinos e indígenas que luchan por preservar sus tierras y ecosistemas. Esta contribución analiza el fenómeno del «eco-terrorismo» desde una perspectiva empírica y conceptual. Como punto de partida, examinaremos el marco jurídico internacional en materia de terrorismo e identificaremos los elementos esenciales de este crimen. A continuación, exploraremos el trasfondo económico y político que subyace tras el apelativo «eco-terrorismo» y, por último, concluiremos que el empleo de esta etiqueta es peligroso y jurídicamente desacon- sejable, pues conlleva la trivialización del terrorismo, se utiliza como pretexto para reprimir la oposición política y asegurar la protección de los intereses económicos privados, y fomenta la vulneración de los derechos de los defensores ambientales.
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