Redactar leyes, repartir promesas electorales, encargar mascarillas, organizar campañas de vacunación... Cada vez se confían más tareas de servicio público a empresas de consultoría, como la estadounidense McKinsey. Sin embargo, el coste exorbitante de este tipo de soluciones no parece formar parte de la discusión democrática, ni tampoco la consiguiente pérdida de conocimientos técnicos de las administraciones públicas.
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