La presente colaboración expone las razones por las que, como consecuencia de una larga serie de prácticas administrativas relativas a la contratación pública, la competencia en el sector (en especial, servicios públicos concesionales regulares de transporte de viajeros por carreta permanentes de uso general y de uso especial), está muy restringida. Esta situación actual, que ya perdura desde hace aproximadamente más de una década, que se ha agudizado en los últimos años, se debe, esencialmente, a una gestión pública que no obedece a los preceptos jurídicos que son de aplicación, afectando tanto a los ser vicios de titularidad estatal, como de las CCAA y de las Corporaciones locales.
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