Resumen de Las certificaciones «partner» en el expediente de contratación pública, con especial referencia a la adquisición de bienes y servicios en el ámbito de las tecnologías

Luis Gamo Sanz

• español

  Ante el rápido desarrollo tecnológico, debemos plantearnos si la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha sido capaz de adaptarse a la realidad que supone la sociedad digital. La nueva LCSP, no recoge aspectos necesarios en la compra pública de tecnología. Es paradójico que la el legislador quiera, por un lado, impulsar el desarrollo de la implantación de las tecnologías en la Administración, como la licitación electrónica, la factura electrónica, la tramitación electrónica de los expedientes,… pero se olvidado de incorporar instrumentos específicos, que den respuesta a las necesidades que requieren los órganos de contratación, en la compra pública de bienes y servicios de tecnología, lo que hubiese permitido, sin duda, una mejora en la eficiencia de la contratación pública en este ámbito. Las empresas tecnológicas, y sus nuevas y cambiantes formas de relacionarse con los demás operadores económicos, incluida la Administración Pública, debieron ser tenidas en cuenta, para evitar una rápida obsolescencia de las normas de la contratación pública.

• English

  The rapid technological development, we must consider whether the new Public Sector Contract Law has been able to adapt to the reality of the digital society. The new LCSP does not include necessary aspects in the public purchase of technology. It is contradictory that the legislator wants, on the one hand, to promote the development of the implementation of technologies in the Administration, such as electronic bidding, electronic invoicing, electronic processing of files,... but forgot to incorporate specific instruments, that respond to the needs that the contracting bodies require, in the public purchase of technology goods and services, which would have undoubtedly allowed an improvement in the efficiency of public procurement in this area. Technology companies, and their new and changing ways of relating to other economic operators, including the Public Administration, should have been taken into account, to avoid a rapid obsolescence of public procurement rules.