Los peligros de una república digital desbocada. A propósito del Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones

• Autores: José Luis Piñar Mañas
• Localización: Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, ISSN-e 2659-871X, Nº. 3 (julio-septiembre), 2019
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Los «recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español» han movido al Gobierno a aprobar el Real Decreto-Ley 14/2019 en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, que pretende reaccionar ante la decidida puesta en marcha de una «República Digital» en Cataluña. Según su exposición de motivos «tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos». A tal fin se han adoptado medidas relativas a la documentación nacional de identidad; la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; los datos que obran en poder de las mismas y su cesión a otras Administraciones; la contratación pública; el refuerzo de la seguridad del sector de las telecomunicaciones y la seguridad de las redes y sistemas de información. El contenido de la norma plantea sin embargo ciertas dudas en cuanto a su compatibilidad con el marco normativo y constitucional.

  • English

    The «recent and serious events that have occurred in part of the Spanish territory» have prompted the Government to approve Royal Decree-Law 14/2019 on digital administration, public sector procurement and telecommunications, which aims to react to the implementation of a «Digital Republic» in Catalonia. According to its explanatory memorandum, «such facts demand an immediate response to prevent the recurrence of events of this nature by establishing a preventive framework for this purpose, whose ultimate objective is to protect the constitutionally recognized rights and freedoms and guarantee the public safety of all citizens». To this end, measures have been adopted regarding national identity documents; electronic identification before public administrations; data in their possession and their transfer to other administrations; public procurement; strengthening the security of the telecommunications sector and the security of networks and information systems. However, the content of the regulation raises certain doubts as to its compatibility with the normative and constitutional framework.