La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una utilización efectiva de la Administración electrónica y de la contratación pública electrónica. Entre las prioridades de los fondos europeos de recuperación se encuentra destacadamente la digitalización de las Administraciones. En el trabajo se analiza el retraso en la plena implementación de la contratación pública electrónica en el Derecho español, pese a la obligación de utilizar los medios electrónicos derivada de la Directiva europea 2014/24/UE, así como algunas deficiencias y problemas de la regulación recogida en la Ley 9/2017
The COVID-19 pandemic has highlighted the need for effective use of eGovernment and eProcurement. One of the priorities of the European recovery funds is the digitisation of public administrations. The paper analyses the delay in the full implementation of e-procurement in Spanish law, despite the obligation to use electronic means derived from the European Directive 2014/24/EU, as well as some shortcomings and problems of the regulation contained in Law 9/2017
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