Se exponen aquí las limitaciones observadas en el modelo de planificación urbanística aplicado en España, proponiéndose su corrección mediante el uso decidido de instrumentos económicos. En concreto, se incluyen mejoras en el tratamiento fiscal que discriminen positivamente la rehabilitación y reutilización de suelo frente a la nueva ocupación. Se desarrollan nuevas figuras como los derechos constructivos negociados en bolsa proporcionales al grado de saturación de una comarca. Se incluye la propuesta de ampliación del ibi (Impuesto de Bienes Inmuebles) a un segundo tramo ambiental destinado al mantenimiento de las zonas no artificializadas. Finalmente, se propone el establecimiento de fondos afectos para los ingresos públicos derivados de estas propuestas.
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