La potestad sancionadora de la Administración Pública es la facultad atribuida a los órganos del poder ejecutivo para asegurar el cumplimiento de los deberes que todos los ciudadanos tienen frente al Estado y que derivan de una situación general de sumisión. Aparte de esta potestad general, a la que estamos sometidos todos los ciudadanos, la Administración tiene la llamada potestad disciplinaria que puede utilizar respecto a determinados administrados sometidos a alguna relación especial de poder; tal es el caso de los funcionarios.
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