Yolanda María de la Fuente Robles, María Pilar Martín Chaparro
Este artículo intenta un acercamiento a la realidad de la intervención social diseñada por la Ley Orgánica General Penitenciaria, al amparo del artículo 25 de la Constitución española. La finalidad de la pena siempre es la reeducación y la reinserción social del delincuente. Pero la realidad se separa mucho de esta afirmación. La planificación para la actuación de la administración se encuentra de espaldas a los sectores de población implicados. Este desajuste se agrava en el caso de las mujeres y de los jóvenes.
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