Debido a la distorsión existente en la regulación actual del servicio de transporte terrestre que ha generado consecuencias graves en el bien de la comunidad, el Estado, amparado en el principio de subsidiariedad estatal reconocido en la Constitución Política, debe imponer a los transportistas obligaciones de servicio público tales como prestar el servicio con universalidad, continuidad, a un precio asequible y bajo un régimen de protección específica para los usuarios. Para ello se parte del análisis histórico y conceptual del principio de subsidiariedad estatal a fin de demostrar su relevancia en el derecho regulatorio del sector de transporte terrestre
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