Madrid, España
Los indultos concedidos a los condenados por los delitos cometidos en septiembre y octubrede 2017 durante el intento de secesión de Cataluña (caso del procés) han reavivado la polémicaacerca de la regulación vigente en materia de indultos. Al tratarse de una ley de 1870, es perfectamente posible que los tribunales ordinarios procedan a inaplicar o modular la aplicaciónde sus preceptos, cuando los consideren contrarios a las exigencias constitucionales. Así sucedecon los indultos otorgados no por razones de justicia o equidad, sino de utilidad pública, comoson los del procés, máxime cuando se conceden en bloque —lo que puede suponer un indultogeneral— y existiendo un evidente conflicto de interés —al ser los beneficiados los líderes departidos políticos que dan estabilidad parlamentaria al Gobierno—. En cualquier caso, una nueva ley de indultos permitiría evitar el uso indebido de las medidas de gracia y ajustarlas a lo querequiere la Constitución.Los indultos concedidos a los condenados por los delitos cometidos en septiembre y octubrede 2017 durante el intento de secesión de Cataluña (caso del procés) han reavivado la polémicaacerca de la regulación vigente en materia de indultos. Al tratarse de una ley de 1870, es perfectamente posible que los tribunales ordinarios procedan a inaplicar o modular la aplicaciónde sus preceptos, cuando los consideren contrarios a las exigencias constitucionales. Así sucedecon los indultos otorgados no por razones de justicia o equidad, sino de utilidad pública, comoson los del procés, máxime cuando se conceden en bloque —lo que puede suponer un indultogeneral— y existiendo un evidente conflicto de interés —al ser los beneficiados los líderes departidos políticos que dan estabilidad parlamentaria al Gobierno—. En cualquier caso, una nueva ley de indultos permitiría evitar el uso indebido de las medidas de gracia y ajustarlas a lo querequiere la Constitución.
The pardons granted to those convicted of crimes committed in September and October 2017during the attempted secession of Catalonia (in the judicial case generally known as The procés)have rekindled the controversy about the current regulation on pardons. As the applicable Lawdates from 1870, it is perfectly possible that the ordinary courts decide not to apply its articlesor modulate its application, if they consider them contradictory to constitutional requirements.This is the case with pardons granted not for reasons of justice or equity, but for public utility,such as those of the procés, especially when they are granted en bloc —which can mean a general pardon— and there is an evident conflict of interest —because their beneficiaries are theleaders of political parties that give parliamentary stability to the Spanish Government-. In anycase, a new Pardon Law would prevent the improper use of measures of clemency and adjustthem to what the Constitution requires.
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