Resumen de La condición de imputado en el proceso penal español: formas de adquisición y status jurídico que conlleva. Ideas para su reforma
Una de las claves en la construcción del proceso penal moderno, indudablemente, ha sido la transformación experimentada por la figura del imputado, mutando primero para reforzar después su condición y la posición que en él ocupa, como auténtico sujeto de derechos. En lo que atañe al modelo español, han sido varias y de importancia las reformas procesales que han contribuido a ello, pero nunca lo suficientemente sólidas o completas para determinar con precisión el modo y momento en que aquélla se adquiere y para, a continuación, blindarla frente a prácticas, tristemente arraigadas, consistentes en ignorar o retrasar la atribución de esa calidad procesal al sujeto que la merece, con lo que ello implica de retardo o privación del disfrute por éste de cuantos derechos resultan inherentes a su condición, instrumentales a un superior o más amplio derecho de defensa. Sin embargo, falta y se echa de menos en la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) española la configuración a favor del sujeto que recibe la imputación -se halle o no privado de libertad con finalidad cautelar- de un auténtico estatuto jurídico que defina y privilegie su posición procesal, de ahí que el estudio contenido en estas páginas persiga como principal objeto la detección de los vacíos y deficiencias que, a este respecto, dicha norma padece y el aporte de ideas que, en forma de propuestas de lege ferenda, sirvan al legislador para dar forma al que bien pudiera ser ese status jurídico de todo imputado en el futuro proceso penal español, un nuevo proceso nacido de la tan esperada reforma global del enjuiciamiento criminal en este país.
