Crear una plaza pensando en un candidato concreto puede ser un delito de prevaricación castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público si no se respetan los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, como condicionamientos constitucionales de la contratación administrativa y de los principios de objetividad e interdicción de la arbitrariedad.
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