La pandemia sanitaria instauró, de manera casi generalizada, el requisito inexcusable de la cita previa para poder acudir a toda clase de registros públicos para presentar cualesquiera escritos, comunicaciones y documentos. Siendo de dudosa constitucionalidad y abierta ilegalidad, se hurta al ciudadano de días hábiles que restringen o imposibilitan el ejercicio de sus derechos. Pese a ello, al día de hoy, muchos organismos públicos siguen imponiendo tan inaceptable obstáculo.
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