Si bien es cierto que hay límites económicos que permiten materializar o no la implementación de políticas públicas, también es cierto que todo Estado Constitucional de derecho ha establecido un mínimo vital como obligatorio, es decir, derechos fundamentales mínimos que el Estado está obligado a otor-gar a su ciudadano. Lo anterior es así, ya que nuestro sistema jurídico expresa el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, es decir Derechos Humanos, los cuales tiene prioridad prima facie frente a cualquier otro derecho objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final (Semanario Judicial de la Federación, 2017). Es por ello que se propone el estudio de políticas públicas en materia de Derechos Fundamentales, que trasciende de resolver un problema a materializar derechos subjetivos median-te instrumentos objetivos.
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