El caso Acosta Martínez y otros vs. Argentina visibilizó un patrón grave de violencia policial, discriminación racial e impunidad existente en Argentina en la década del ’90. El Estado argentino efectuó un reconocimiento de responsabilidad respecto al contexto de discriminación estructural y la utilización institucional de perfiles raciales en perjuicio de las personas afrodescendientes. Ello habilitó a la Corte Interamericana a reforzar estándares establecidos respecto al uso de la fuerza, el principio de no discriminación y el derecho a no ser privado de la libertad física arbitrariamente.
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