La reforma de la Ley 60/2003, de Arbitraje, pretende impulsar las vías de resolución de conflictos alternativas a las judiciales (arbitraje, conciliación y mediación) con el objetivo de reducir la carga de trabajo de Jueces y Tribunales. Entre las novedades más destacadas de este proyecto se encuentra la creación de un pretendido arbitraje administrativo para resolver las controversias jurídicas que se susciten entre las diversas entidades que integran el sector público estatal.
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